La nueva inquisición anti-tabaco

El estado no tiene derecho prohibirme que fume, si tal ha sido mi decisión como hombre libre. Lo contrario es —a escala— lo que la Inquisición española practicó contra "infieles" moros y judíos a lo largo de siglos: obligarlos a cambiar su fe, por la fuerza.

Paradójicamente, la ley anti-tabaco española actual es conciliatoria: abre espacios para que fumadores y no fumadores coexistan sin molestarse mutuamente. Respeta el derecho a fumar; no trata al fumador como a un enfermo social, un renegado o un delincuente.

En Estados Unidos, por el contrario, y muy especialmente ahora que el nuevo presidente es un "inquisidor" (anti-tabaco) confeso, los fumadores son discriminados y tratados como lacra social. En breve veremos aumentar el precio del tabaco a niveles prácticamente prohibitivos. El origen de tal incremento está en un aumento de 158% a su impuesto de venta. Más que un precio, nos parecerá una multa; nos sentiremos como delincuentes siendo castigados por el delito de fumar.

No es justo. Y no es democrático. El país que se jacta de practicar la democracia más perfecta de todos los tiempos se comporta, en este caso, como un rey caprichoso que ha decidido que su pueblo no fume.

Ignoro las verdaderas motivaciones que hay detrás de estas medidas, pero sospecho que tiene mucho que ver con ciertos índices estadísticos de salud que este gobierno está interesado en mejorar con vistas a resaltar el éxito de su revolucionario plan de seguro social universal.

Un seguro social universal en Estados Unidos me parece muy bien y creo que es hora de que tengamos algo así. Fue justamente esta una de las tantas razones que tuve para votar por Obama. Pero yo voté por un presidente, no por un inquisidor. Y voté como hombre libre, no como convicto, delincuente, renegado ni despojo social.

Repito: el estado no tiene derecho a prohibirme que fume. Fumo... ¡porque me da la gana!